Por Cecilia García-Huidobro Freifrau zu Knyphausen*

Dentro de una agenda de transparencia, que ha movido las fuerzas de la oposición y el gobierno, se ha debatido y proclamado la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. Esta instancia se ha aprovechado para definir un criterio común para canalizar otras donaciones, como las culturales, educacionales, universitarias, deportivas, culturales y, finalmente, sociales.

Aún cuando se amplía notoriamente el espectro de las instituciones susceptibles de recibir donaciones se reduce considerablemente el monto total que se permite deducir a los donantes. En términos generales, para las donaciones educacionales y culturales se podía llegar hasta el 8% de la renta líquida imponible. Con la incorporación del tan esperado aliciente para las donaciones de carácter social se esperaba llegar a un 10% que estimulara a las empresas y a los individuos a canalizar sus aportes en un vasto radio de acción. Sin embargo, la ley sorprende al reducir este monto al 4,5% de lo imputable, incluyendo el crédito y el gasto, e incorporando en ese porcentaje a todas las donaciones. Es más, en las donaciones de carácter social se ha dejado un 33% de ella para ser absorbida por un Fondo Común, que es contrario al espíritu de este tipo de legislaciones, por cuanto aplican un impuesto donde se quieren, justamente, aliviar.

Por otra parte, se prohibe las contraprestaciones de servicios a las empresas donantes, lo que si se interpretase de una manera pedestre significaría que la cesión de entradas a los espectáculos culturales a las empresas auspiciadoras o los ejemplares de libros que se les otorgan por publicaciones se eliminarían, dejando un nulo incentivo para seguir una línea que ha dado pie a importantes investigaciones y a la difusión permanente de la música y el teatro. Uno de los pilares del trabajo de las corporaciones sin fines de lucro ha sido el reconocimiento a las empresas que sustentan los proyectos que la animan. Hoy, ese reconocimiento podría verse como un beneficio adicional para ella, desvirtuando un principio fundamental que es la reciprocidad y el agradecimiento.

Nuevamente, no se consultó públicamente a los actores culturales ni se originó un debate público que hubiera considerado matices que a los legisladores que no provienen de esta actividad no les son conocidos. En los últimos años ha habido un florecimiento de la gestión cultural como polo generador de identidad, proyectándose en los más variados estamentos del tejido social. La ley que el Senador Gabriel Valdés visionariamente puso en práctica ha significado un fuerte incremento de la participación del mundo privado en la cultura nacional. Sería contraproducente que un incentivo tan notable, a nivel de todo el continente, se viera mermado por estas modificaciones.

Sin duda que estas aprehensiones podrían verse superadas, a través de las circulares que deberán emanar del Servicio de Impuestos Internos. Al estar la ley ya promulgada, es este organismo el que tendrá bajo sus espaldas la trascendental tarea de seguir promoviendo la cultura; especialmente ahora que se están constituyendo las bases del recién creado Consejo Nacional de la Cultura, con rango ministerial.

Por parte de las corporaciones deberán promoverse proyectos que beneficien incuestionablemente a toda la comunidad y por parte de las empresas es esperable una mayor sobriedad en la forma de figuración o en las exigencias a las corporaciones.

Chile ha avanzado muchísimo en la profesionalización de la actividad cultural, en la conciencia de responsabilidad social empresarial, en la incorporación de comunidades funcionales y en el florecimiento de centros culturales a lo largo del país, así como en el establecimiento de fundaciones y corporaciones, y en los mecanismos que incentivan los aportes privados. Esperemos que esta tendencia se siga promoviendo y no se vean tantos avances coartados por la interpretación literal de los cambios introducidos por el legislador.

(*)Vicepresidenta Ejecutiva Corporación Patrimonio Cultural de Chile, Presidenta FECHAM, Secretaria General Asociación Gremial de Gestores Culturales