“Si
las regiones no toman
las riendas de su
patrimonio cultural,
el descalabro es a
corto plazo”
(continuación)
El
concepto del área
centro surandina
El concepto de “macro
región andina”,
con el cual Lautaro
Núñez
se ha identificado
ampliamente, se refiere
a la delimitación
de un área
geográfica
y cultural que incluye
el sur de Bolivia
y de Perú,
el noroeste argentino
y el norte de Chile,
y que surgió,
hace treinta años,
en el encuentro de
Paracas y Antofagasta
que reunió
a los arqueólogos
del mundo andino,
y en el cual Núñez
tuvo una destacada
participación.
Esta unidad cultural,
que supera las definiciones
geopolíticas
y cartográficas,
hermanándonos
profundamente con
los países
fronterizos en una
matriz de gran potencia
patrimonial, ha sido,
sin embargo, subestimada
por nuestra educación
y nuestra historia
oficial. “A
nosotros nos educaron
en marcar las diferencias
entre nuestros pueblos,
lo cual ha sido un
error gravísimo.
A través de
la misma educación,
podríamos haber
valorado el aporte
de los mapuches, saber
que están en
Argentina, igual que
los diaguitas, los
atacameños,
los aymaras. Habríamos
pensado un país
mucho más plural,
con raíces
compartidas con nuestros
vecinos. Hemos sido
víctimas de
un proceso educacional
pensado para establecer
la historia desde
los españoles
hasta ahora, nunca
nos dijeron que tenemos
oncemil años
de edad y que los
logros civilizatorios
de las comunidades
indígenas fueron
varios miles de años
anteriores a la llegada
de los españoles.
Se ha creado un lenguaje
nefasto orientado
a subvalorar a las
culturas indígenas.
Se habla de chozas
y no de aldeas, de
acequias y no de tecnologías
hidráulicas.
Se ha menoscabado
el valor de lo indígena,
hemos vivido engañados
y estamos pagando
la cuenta por no reconocer
en el otro sus logros
y aportes al país.
¿Qué
habrían hecho
los españoles
si hubieran encontrado
un país salvaje?”.
Desafíos
patrimoniales
Actualmente, el maestro
trabaja en un libro
para educar, en el
ámbito regional,
sobre lo que él
llama “la rebelión
de las regiones”,
en el que expresa
su convicción
acerca del rol protagónico
de éstas en
la protección
de su patrimonio.
“Si las regiones
no toman en serio
su patrimonio, esto
desaparece en el corto
plazo”, asegura.
En términos
generales, considera
que hay grandes objetivos
que deben cumplirse
para salvaguardar
nuestro patrimonio
a nivel nacional:
en primer lugar, crear
el Instituto del Patrimonio,
“como un organismo
totalmente descentralizado,
con autonomía
total para las regiones,
con una nueva legislación
patrimonial, que tiene
que superar la Ley
de Monumentos, que
se quedó en
el pasado”.
En segundo lugar,
formar cuadros científicos
“para que cada
región pueda
rescatar, investigar,
conservar y difundir
su patrimonio. No
se puede creer que
en un país
sísmico haya
que esperar un terremoto
para ir a salvar la
arquitectura patrimonial,
con muy escasos especialistas”.
En tercer lugar, preocuparse
de la educación
patrimonial, “como
un tema urgente. Repetir
hasta el cansancio
que es posible conciliar
el patrimonio cultural
con el desarrollo
socioeconómico
de cada región.
Capacitar para que
nuestros pueblos que
están junto
al patrimonio se eduquen
en él y lo
administren debidamente.
Finalmente, está
claro que el Estado
no está capacitado
para financiar la
recuperación
y uso de todo el patrimonio
tangible e intangible,
pero sí debiera
estar muy preparado
para crear una política
patrimonial inclusiva
que integre, coordine
y regule los aportes
del Estado con las
iniciativas privadas.
Las experiencias en
esta última
década indican
que los aportes privados
han sido decisivos
para promover proyectos
sobre patrimonio cultural.
Por ejemplo, la gran
mayoría de
los museos no dependen
del Ministerio de
Educación (DIBAM),
sino que hay muchos
privados, universitarios
y municipales con
escasos recursos.
Hay museos que no
reciben nada. Y, en
este sentido, concuerdo
plenamente con Drina
Rendic, quien ha señalado
que no se deberían
abrir más museos
para dar pie a un
proceso de acreditación
con el objeto de apoyar
a los existentes a
través de proyectos
concursables. También
concuerdo con Cecilia
García-Huidobro
sobre el rol de las
corporaciones culturales
sin fines de lucro,
las que han logrado
aplicar la Ley Valdés
de Donaciones para
importantes proyectos
patrimoniales a lo
largo del país”.
Por todo lo anterior,
nuestro entrevistado
concluye que “ya
no es posible pensar
que el patrimonio
podrá salvarse
sin una nueva legislación
y una profunda toma
de conciencia de su
valor y su fragilidad.
Pensar que el futuro
del patrimonio pasa
por decisiones tomadas
en la capital, es
un gravísimo
error. Ya es la hora
que la inteligencia
de las regiones asuma
las responsabilidades
directas. Ellos saben
cómo hacerlo
y allí están
las becas para los
perfeccionamientos
de postgrado. Pero
no más comisiones
y visitadores foráneos…”.
