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La
debacle provocada en el mundo de la cultura por
la recientemente promulgada Ley 19.885, que reemplaza
a la Ley 18.895, o Ley de Donaciones Culturales,
creada por el Senador Gabriel Valdés en
1990, ha dado paso a una situación de crisis
insostenible. Mientras Valdés amenaza con
dejar la presidencia del Comité de Donaciones
Culturales en caso de no recibir respuesta del
Ejecutivo frente al proyecto de ley por él
presentado para restituir el espíritu de
la ley original, las donaciones privadas para
la cultura se encuentran en un estancamiento absoluto.
No sólo porque el Comité ha decidido
detener la entrega de los certificados que permiten
a las empresas y particulares descontar impuestos
por sus aportes, sino también porque los
donantes están paralizados ante la incertidumbre
reinante.
Se estima que desde su
promulgación, en 1990, la Ley de Donaciones
Culturales, comúnmente llamada "Ley
Valdés" en alusión a su autor,
el Senador Gabriel Valdés Subercaseaux,
ha canalizado más de 27 mil millones de
pesos al desarrollo de proyectos culturales en
el país, acogiendo a beneficios tributarios
las donaciones hechas por privados. Si hasta ahora,
esta ley se refería exclusivamente a los
aportes destinados a este tipo de actividad, la
actual "Ley de Donaciones" se sacude
de su apellido para hacer entrar en el mismo saco
a la cultura, el deporte, las obras sociales,
la educación y las campañas políticas,
sin que todo este conjunto de aportes pueda sobrepasar
el 4,5% de la renta imponible del donante.
La competencia con el resto de las áreas
para captar los limitados recursos de los privados,
a la cual se ve sometida el área cultural,
es inevitable. Situación que ya ha perjudicado
a las donaciones con este fin c y que constituye
el reclamo principal de Gabriel Valdés,
quien está dispuesto a llegar hasta las
últimas consecuencias para recuperar el
espíritu de la ley por él creada,
en lo que respecta a su especificidad cultural,
la que considera fundamental. "Frente a la
demanda de bienes sociales, las campañas
electorales, y el deporte, las empresas dejan
de dar a la cultura, porque tiene menos atractivo
desde el punto de vista de la publicidad. Y porque
en vez del 18% o 20% que antes era posible donar,
hoy queda todo bajo el 4,5%. Lo que le importó
a Hacienda fue colocar un límite, no el
objetivo", afirma el Senador.
Entre los proyectos afectados por esta situación
se señala la abortada venida de Plácido
Domingo, quien el 18 diciembre se presentaría
en el Parque Forestal. En tanto, varias instituciones
culturales acusan recibo del golpe. En el Teatro
Municipal señalan que debido al cambio
de la Ley este año han recibido sólo
100 de los 800 millones de pesos anuales que reciben
habitualmente. Cecilia García-Huidobro,
Vicepresidenta Ejecutiva de la Corporación
Patrimonio Cultural de Chile, que este año
concretó, gracias al aporte de privados,
obras tan importantes como el Museo de la Merced
y la reparación de la Iglesia de San Francisco,
además de celebrar el tercer aniversario
del sitio web de patrimonio cultural chileno,
Nuestro.cl, reconocido por Naciones Unidas como
uno de los 5 mejores sitios de cultura del mundo,
considera que todos sus proyectos están
en riesgo de no llevarse a término.
Como ejemplo, García-Huidobro cita el del
Teatro Lastarria, iniciativa de los actores Felipe
Braun y Luciano Cruz-Coke. "La cultura tiene
que mantener su especificidad. Quienes promovieron
el cambio de la ley no han podido argumentarlo.
No ha habido un estudio serio ni han consultado
a nadie. La única solución a esto
es restablecer la ley de la manera en que estaba.
El ejecutivo tiene que recoger el sentir de la
ciudadanía y de las cámaras",
opina la gestora cultural.
Con el fin de devolver la autonomía a la
ley, Valdés envió -con nulos resultados-
cartas a Lagos, a Insulza y a los ministros de
Interior, Hacienda, Educación y Cultura.
Posteriormente presentó un proyecto de
ley al Senado, el que fue aprobado y cuya ratificación
por la Cámara de Diputados está
prácticamente asegurada. "Ahora el
asunto está en manos del Ejecutivo- explica-
Se requiere el patrocinio del Gobierno y la voluntad
política por parte del Ministerio de Hacienda
y por parte del Ministro de Cultura, que aún
no se reune con el Comité de Donaciones
Culturales como se le solicitó". En
vista de la ausencia de respuesta, este Comité
ha adoptado la decisión de parar la entrega
de certificados de donaciones, que permiten a
los donantes descontar impuestos. Y esto no es
todo: si no hay un pronto pronunciamiento, el
Senador anuncia que renunciará a dicho
Comité que él mismo preside. "Si
el Gobierno promueve la participación de
privados en infraestructura, en educación,
en salud. ¿Por qué no en cultura,
que es un área tan importante y que el
Estado no puede financiar solo?", se pregunta.
El abuso de los beneficios de la ley por parte
de las Universidades y el exceso de contraprestaciones
a las empresas donantes son algunos de los argumentos
esgrimidos para incluir medidas punitivas en la
nueva legislación promulgada, como las
que imponen penas de cárcel a quienes hagan
un mal uso de la Ley. Arturo Navarro, Presidente
de la Asociación de Gestores Culturales
y Director del Centro Cultural Estación
Mapocho asegura que dichas medidas no se justifican
y que "se está haciendo pagar a justos
por pecadores". En su opinión, este
carácter coercitivo sumado a la incertidumbre
que se ha provocado, es lo que mayormente está
desincentivando las donaciones para la cultura.
Una realidad que se opone diametralmente a la
política cultural declarada por el Gobierno:
"Esta no solamente consiste en crear el Consejo
Nacional de Cultura, sino también en dar
a la sociedad civil una participación destacada
en la gestión cultural. Una señal
de esto es que 8 de los 11 miembros del Consejo
son representantes de la sociedad civil. La ley
está dificultando esta participación
y así se lo hemos planteado los ciento
cuarenta gestores culturales de todo el país
que formamos la Asociación, y quisiéramos
participar en esta discusión y en el fomento
de las donaciones".
Quien es uno de los probables candidatos a formar
parte del Consejo, asegura que el actual es el
peor de los escenarios: "Hay cambios, hay
oposición fundada a tales cambios y no
hay respuesta de la autoridad. Las cosas no están
claras y por lo tanto hay demasiada incertidumbre.
El ejecutivo tiene la gran oportunidad de reconocer
el error y repararlo".
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