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El
tranque que Minera Los Pelambres construirá
en la comuna de Los Vilos, en Coquimbo, implica
una de las mayores alteraciones del patrimonio
arqueológico en la historia de Chile, inundando
completamente el fundo El Mauro, donde se ubica
un centenar de sitios de origen incaico, molle
y diaguita. El informe presentado para la aprobación
del proyecto contabilizó sólo 8
sitios. La venia fue otorgada el 2004. Por lo
pronto, la empresa ha destinado millonarios recursos
al rescate de parte de los restos y piezas, que
lleva a cabo un numeroso equipo de especialistas
en la zona. Una inversión que, en ningún
caso, podrá compensar la dramática
pérdida de este emplazamiento invaluable.
Una catástrofe de la cual nadie se hace
responsable. La culpa la tiene, una vez más,
"el sistema".
Por Rosario Mena
Sin demasiado protagonismo en la opinión
pública, algunos medios de prensa y grupos
de manifestantes han hecho eco en el último
mes de la trágica realidad que significa
la total desaparición de un valioso emplazamiento
arqueológico de 2000 años de antigüedad
en Los Vilos, a causa de la construcción
de un tranque de Minera Los Pelambres, propiedad
del grupo Luksic. Si bien se está realizando
un trabajo de rescate de restos arqueológicos,
el fundo El Mauro, que incluye cerca de 500 petroglifos,
lugares ceremoniales y un cementerio indígena,
organizados en un sistema de más de 1800
hectáreas, será inundado por este
depósito de 700 millones de toneladas de
desechos tóxicos resultantes del proceso
del cobre, tales como arsénico, cadmio,
estroncio, óxido de silicio, cloro, óxido
de aluminio, azufre y plomo.
800 millones de dólares cuesta este tranque
destinado a aumentar de 30 a 50 años la
vida útil de la mina de cobre y plata que
la empresa posee en el sector de Portones, en
la IV Región. Tanto la Sociedad Chilena
de Arqueología, como el Consejo de Monumentos
Nacionales, que entregó la autorización
al proyecto aprobado por la COREMA en el año
2004, sobre la base de un estudio de impacto ambiental
que minimizaba el patrimonio involucrado, registrando
sólo 8 de los más de 100 sitios
existentes, están de acuerdo en que se
trata de un gran desastre. Y es que, recién
en marzo de 2005, cuando ya todo estaba firmado
y aprobado, los arqueólogos tomaron conocimiento
del enorme valor arqueológico de la zona
y de la gravedad y magnitud de la intervención.
El Consejo de Monumentos emitió un informe,
pero los hechos ya estaban consumados.
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